En el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que, en nuestro país el 5,2% de la población (1 millón 575 mil personas) presenta algún tipo de discapacidad. De este total, el 52,1% son mujeres que equivale a 820 mil 731 personas y 47,9% son hombres (754 mil 671).

Se preguntarán, ¿por qué esta información es relevante para mi empresa?. En primer lugar, debemos tener en cuenta que, nuestro país ha ratificado el Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, mediante el Decreto Ley N° 17687 del 06 de junio de 1969, el cual aprueba el citado convenio.  De igual forma el 13 de diciembre de 2012, se aprobó la Ley General de la Persona con Discapacidad Ley N° 29973; y es a través de este último dispositivo legal en el que se han previsto supuestos de obligatorio cumplimiento, en relación a las personas con discapacidad y el trabajo.

En esta oportunidad, IL – ABOGADOS pone a tu alcance la siguiente información; si cuentas con más de cincuenta trabajadores estás en la obligación de contratar, en una proporción no inferior al 3%, personas que padezcan de algún tipo de discapacidad, su incumplimiento será fiscalizado por el Ministerio de Trabajo y/o SUNAFIL, y por tanto se impondrá una multa.

Del mismo modo, el TUO del D. Leg N° 728, prevé como causa justa de despido las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas durante la relación laboral; sin embargo para que dicha causa sea calificada como justa, se deberán realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo, dichos ajustes comprenderán la adaptación, arreglos organizacionales y todas las modificaciones pertinentes  en función a las necesidades de este trabajador. Caso contrario se deberá asignar a dicha persona a un puesto de trabajo vacante que sea compatible con sus capacidades y aptitudes que no signifique un riesgo para su salud y seguridad así como para terceros; de haber efectuado lo anteriormente señalado sin obtener un resultado favorable para el trabajador, se podría proceder con el despido. Es importante señalar que, la discriminación en general y en este caso, por discapacidad, acarrea la ejecución de actos de hostilización para el trabajador discapacitado; y no solamente ello sino que dicho trabajador podría solicitar a  través de la tutela jurisdiccional o constitucional su reposición, interponiendo un proceso de nulidad de despido.

Pero no todo es obligación para el empleador, pues existe un beneficio de índole tributaria como lo es que, aquellos empleadores generadores de rentas de tercera categoría que emplean a personas con discapacidad tendrán una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta.

Por ello, IL- ABOGADOS te informa que cuenta con las herramientas y un equipo de abogados especialistas altamente calificados, quienes podrán despejar tus dudas respecto a este tema u otros, para que en un futuro no se vea inmerso en problemas legales y sólo se preocupe de que su empresa se encargue de generar rentabilidad.

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