Penal
Que sucede si un personal vinculado a su empresa que está incursa en un procedimiento administrativo de fiscalización Laboral, aduciendo tener vínculos con el inspector laboral ofrece interceder por la empresa frente al inspector para obtener el archivo del procedimiento inspectivo a cambio de una suma de dinero.
El solo hecho de ofrecer interceder por alguien frente a un servidor o funcionario público a cambio de obtener un beneficio constituye delito, efectivamente el artículo 400 del Código Penal sanciona a aquel que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, por ello si un personal vinculado a su empresa que está incursa en un procedimiento administrativo de fiscalización Laboral, aduciendo tener vínculos con el inspector laboral ofrece interceder por la empresa frente al inspector para obtener el archivo del procedimiento inspectivo a cambio de una suma de dinero, será sancionado por el delito de Tráfico de influencias con una pena privativa de libertad de hasta seis años.
No obstante, en el caso en concreto resulta aun más preocupante, los efectos que esta situación generaría directamente para su empresa, puesto que penalmente las Personas Jurídicas son imputables por la comisión de los delitos que se hayan cometido por un personal vinculado a ella cuando dentro de la organización empresarial no se hayan implementado medidas de prevención, mecanismos de seguimiento e investigación administrativa, vías de denuncias, contra la posible comisión de actos delictivos; y como consecuencia de su omisión, la empresa será procesada, investigada y sancionada con medidas que van desde multas económicas hasta su disolución, por lo que urge la implementación de estas medidas para estar exentos de responsabilidad administrativa alguna.
IURA LEX ABOGADOS es un Estudio especializado en la implementación de sistemas integrados de prevención de delitos que son aplicados para que la unidad económica no asuma pasivos que puedan exponerla a sanciones administrativas, la finalidad de estas medidas es liberar de toda responsabilidad a la empresa por los ilícitos que pueda cometer el personal vinculado a ésta y con ello garantizar la permanencia en el mercado de la unidad económica.