Sí, y tiene hasta 10 años para hacerlo. Eso incluye exempleados con accidentes ocurridos hace años, con intereses que pueden multiplicar la deuda original. Además la demanda laboral no es el único frente: simultáneamente pueden activarse una denuncia ante SUNAFIL y una investigación penal contra el empleador. Tres frentes distintos que requieren un estudio con equipo laboral y penal coordinado desde el primer día.

Cuando existe subordinación, prestación personal de servicios, remuneración permanente y continua, el contrato se desnaturaliza y pasa a ser una relación laboral de pleno derecho, sin importar cómo esté redactado. Eso obliga a reconocer beneficios sociales acumulados desde el inicio: gratificaciones, CTS, asignación familiar, vacaciones, aportes al SPP, ESSALUD y seguro de vida. Cuanto más tiempo lleva el trabajador bajo ese esquema, mayor es la contingencia. Revisar los contratos vigentes antes de una fiscalización de SUNAFIL o de una demanda es la medida más efectiva y, con diferencia, la menos costosa de todas las opciones disponibles.

Sí. SUNAFIL no necesita una denuncia del trabajador para iniciar una inspección: puede actuar de oficio, por campañas sectoriales o por cruce de información con otras entidades como SUNAT o el MTPE. Si detecta infracciones en contratos, pago de beneficios sociales o incumplimiento al SST, inicia actuaciones inspectivas que puedan culminar en un procedimiento sancionador donde se determine la imposición de multas millonarias.

Sí. El plazo de prescripción para reclamar beneficios sociales es de 4 años desde que se extingue la relación laboral. El riesgo es mayor cuando existen pagos pendientes por horas extra realizadas o por vacaciones no gozadas. Efectuar una correcta liquidación al momento del cese laboral evitará que tu empresa se vea inmiscuida en engorrosos procesos judiciales por pago de beneficios sociales.