ASESORÍA PENAL PREVENTIVA

Brindamos asesoría legal de forma preventiva con la finalidad  de evitar consecuencias económicas y financieras negativas que afecten el patrimonio y las utilidades de la empresa dentro de su ejercicio anual.

Con frecuencia los procesos judiciales en sede penal son generados por la deficiente información de índole administrativa y legal que debe tener la empresa al momento de tomar decisiones de incorporación de nuevos integrantes a su organización (clientes, personal y/o proveedores), produciéndose situaciones que terminan en procesos penales, generando costos en patrocinio de defensa y colocando en una situación de riesgo a la empresa por no tener información de carácter preventivo con clientes, proveedores y/o personal que se relacionen con la organización empresarial.

En IL-Abogados & Asociados, nos diferenciamos del resto de Estudios de Abogados por atender exclusivamente a Empresas en las diferentes áreas lo que facilita comprender su actividad y desarrollar una estrategia integral a ser utilizada con clientes, proveedores y personal que se contrata para que la empresa no distraiga sus ingresos en costos innecesarios de defensa legal.

PENAL Y PROCESAL PENAL 

IL-Abogados & Asociados tiene dentro del staff de profesionales  Abogados Litigantes con experiencia en el antiguo y en el nuevo proceso penal.

Conscientes de que la actividad probatoria es la más importante para realizar la defensa de nuestros clientes es que contamos con  un equipo de trabajo multidisciplinario que nos permite realizar con éxito el patrocinio en sede policial, Ministerio Público y/o Judicial.

Es por ello que nuestro servicio se orienta a procesos penales especializados que se ventilan con el Nuevo Código Procesal Penal y/o en Juzgados de Flagrancia.

PATROCINIO EN PROCESOS PENALES

Si bien nuestra atención está enfocada principalmente en procesos vinculados a la actividad empresarial, también atendemos imputaciones sobre presuntos delitos de defraudación tributaria, lavado de activos y delitos contra la administración pública teniendo como premisa fundamental la inocencia de nuestros potenciales clientes. Así por citar algunos ejemplos patrocinamos en los siguientes procesos penales:

Delitos Laborales. La dinámica de las relaciones que realiza una empresa la expone a potenciales riesgos económicos, financieros y legales pudiendo producir imputaciones por actos derivados del actuar de forma negativa por negligencias como consecuencia del incumplimiento a las normas de seguridad y salud ocupacional.

Delitos contra el Patrimonio. Las empresas son expuestas con mucha frecuencia a sufrir afectaciones contra su patrimonio en la modalidad de Hurto, Robo, Apropiaciones Ilícitas, Estafas, Fraudes en la Administración de personas jurídicas, Usurpación o Falsedad Ideológica afectando el tiempo y su patrimonio.

Delitos Informáticos. El  desarrollo de las tecnologías de la información en la última década ha puesto en potencial riesgo el bien más valioso de toda empresa que es la información que posee sobre su actividad principal y su entorno siendo hakeados sustrayendo información comercial o interceptando el Acceso Indebido a su Base de Datos.

Delitos contra los Derechos Intelectuales. El ordenamiento jurídico penal, ofrece un catálogo de normas que brindan la protección penal contra los delitos de Derechos de Autoría Intelectual y Propiedad Industrial bajo la represión de la Reproducción Ilegal de Obra Ajena, Plagio, Fabricación o Uso No Autorizado de Patente, Uso o Venta de Diseño o Modelo Industrial.

Delitos Tributarios y Aduaneros. Uno de los grandes problemas de toda empresa y/o persona es cuando no tiene conocimiento que consciente o inconscientemente puede estar incurso en el delito de defraudación tributaria como consecuencia de actividades comerciales o de realizar actividades de importación y exportación, hechos que son detectados cuando se enfrenta una fiscalización parcial, total y/o electrónica por parte de la administración tributaria.

Delitos contra la Función Pública. Uno de los grandes problemas que enfrentan las empresas y/o personas que interactúan con la administración pública es que como consecuencia de respetar la norma se ven incursos en infracciones por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como delitos de Peculado, Malversación, Colusión, Cohecho y otros. Este tipo de incidentes se incrementa cuando las personas y/o empresas se vinculan con el Estado mediante Licitaciones y/o adjudicaciones directas de ejecución de obras y/o proyectos.

Delitos Derivados de la Infracción a las Reglas de Tránsito. Actualmente este es uno de los principales delitos que se cometen por imprudencia y/o negligencia, como consecuencia existen miles de procesos de denuncias penales en sede judicial por el delito de peligro común, lesiones graves u homicidio culposo cometidos por personas que nunca pensaron estar inmersos en este tipo de ilícitos penales que en muchos casos traen consigo el internamiento del acusado en un Centro Penitenciario, perdiendo de por vida su licencia de conducir en muchos casos.

Delito de Lavado de Activos. Actualmente este tipo de delito registra un incremento exponencial en nuestro país pues el mismo es realizado para lograr el ocultamiento de dinero proveniente de cualquier delito primario (Corrupción de funcionarios, Minería Ilegal, Contrabando, etc.), no estando solo dentro del delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Las personas y las empresas pueden involucrarse directa o indirectamente en este tipo de procesos distrayendo recursos y tiempos debilitando el patrimonio de los imputados.

Juzgados de Flagrancia. Implementados para brindar celeridad en la ejecución de procesos ante la comisión de un delito. El plazo de este tipo de procesos es de 72 horas de producida la detención del imputado razón por la cual se requiere de Abogados especializados en patrocinar este tipo de procesos que traen como consecuencia una detención preliminar de varios meses e incluso una sentencia inmediata por lo que los denunciados necesitan tener una asesoría penal profesional.

 

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