Indemnización por daños y perjuicios: la protección legal que asegura tus derechos
En la práctica diaria del derecho civil, uno de los temas más consultados por clientes —tanto particulares como empresas— es la indemnización por daños y perjuicios. Este concepto no es ajeno a la vida cotidiana: surge cuando alguien incumple un contrato, causa un accidente o genera un perjuicio económico o moral.
La indemnización por daños y perjuicios está contemplada en el Código Civil peruano, desde el artículo 1969 en adelante, donde se señala que quien ocasiona un daño está obligado a repararlo. Dicho de otra manera: nadie puede causar un perjuicio y quedar exento de responsabilidad.
¿En qué consiste la indemnización por daños y perjuicios?
Cuando hablamos de indemnización por daños y perjuicios, nos referimos a una compensación económica que busca restituir, en la medida de lo posible, el equilibrio perdido por la acción de otra persona. Esa reparación incluye:
- Daño emergente: los gastos y pérdidas materiales ya sufridas.
- Lucro cesante: lo que la víctima dejó de ganar debido al incumplimiento o al hecho dañoso.
Imaginemos que una empresa de transporte incumple con entregar mercadería a tiempo y el cliente pierde ventas importantes. O pensemos en un accidente ocasionado por negligencia que obliga a la víctima a asumir tratamientos médicos costosos. En ambos casos, corresponde reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
¿Qué debe probarse para exigir la indemnización?
Un proceso de indemnización por daños y perjuicios requiere sustento legal y pruebas claras. El abogado especialista debe demostrar tres elementos fundamentales:
- Existencia del daño.
- Relación causal entre el daño y la conducta del responsable.
- Culpa o dolo del causante.
Con estas bases, el reclamo se formaliza mediante una demanda civil, en la que el juez evaluará la magnitud del perjuicio y fijará el monto que deberá pagar el responsable.
El rol clave del abogado en estos procesos
En la experiencia de nuestro Estudio, muchos clientes llegan después de intentar reclamar una indemnización por daños y perjuicios sin asesoría profesional. Los errores más comunes son la falta de pruebas suficientes, la incorrecta cuantificación del daño o la presentación de argumentos débiles ante el juez.
Un estudio de abogados civilistas no solo conoce la norma, sino que también domina la jurisprudencia y sabe cómo estructurar una estrategia legal que aumente las posibilidades de éxito. Además, se encarga de traducir el lenguaje jurídico a un nivel claro y accesible para el cliente, garantizando que comprenda cada paso del proceso.