Operar sin cumplimiento ambiental no es solo un riesgo legal: puede detener tu proyecto, cancelar tus permisos y derivar en un proceso penal.
Ofrecemos un enfoque práctico y efectivo. Estas son algunas de nuestras soluciones legales más solicitadas:
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental detecta incumplimientos en el manejo de residuos, emisiones, vertimientos o compromisos del instrumento de gestión ambiental.
Riesgo: Multas de hasta 30,000 UIT + suspensión de actividades
Salida: Defensa técnica en el PAS + descargos + corrección normativa urgente
Empresa del sector minero, energético, industrial o de infraestructura con un Estudio de Impacto Ambiental observado, rechazado o impugnado por comunidades o autoridades.
Riesgo: Paralización del proyecto + pérdida de inversión + contingencias penales
Salida: Revisión y reformulación del EIA + representación ante el SENACE y el MINAM
Empresa con operaciones en zonas con presencia de comunidades campesinas o nativas que generan oposición, bloqueos o denuncias por afectación ambiental o falta de consulta previa.
Riesgo: Paralización forzada + proceso penal + daño reputacional internacional
Salida: Mediación estratégica + cumplimiento del proceso de consulta previa + acuerdos vinculantes
Empresa o directivo investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos contra los recursos naturales, contaminación o minería ilegal.
Riesgo: Responsabilidad penal de directivos + inhabilitación + cierre de operaciones
Salida: Defensa penal especializada + coordinación entre área ambiental y penal del estudio
Empresa del sector industrial, salud o minería que maneja residuos sólidos, líquidos o peligrosos sin los planes, registros y autorizaciones exigidos por la normativa vigente.
Riesgo: Infracciones ante OEFA + sanciones municipales + responsabilidad civil frente a terceros
Salida: Diseño del plan de manejo de residuos + regularización de autorizaciones + auditoría ambiental
Negocio en sectores regulados que opera sin un sistema de gestión ambiental, sin políticas de sostenibilidad ni protocolos de respuesta ante contingencias, expuesto a cualquier fiscalización.
Riesgo: Vulnerabilidad total ante inspección + pérdida de certificaciones internacionales
Salida: Implementación de programa de compliance ambiental + capacitación corporativa + auditoría preventiva
Ofrecemos un enfoque práctico y efectivo en Asesoría en derecho Ambiental. Estas son algunas de nuestras soluciones legales más solicitadas:
Defensa técnica y jurídica frente a procedimientos administrativos sancionadores iniciados por el organismo de fiscalización ambiental.
Asesoría legal integral en la elaboración, revisión, aprobación e impugnación de instrumentos de gestión ambiental ante las autoridades competentes.
Gestión estratégica de conflictos con comunidades y cumplimiento del proceso de consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT y la legislación peruana.
Representación especializada en investigaciones y procesos penales por delitos contra los recursos naturales, contaminación y actividades extractivas ilegales.
Regularización legal y diseño de planes de manejo para empresas que operan con residuos sólidos, líquidos o peligrosos en sectores regulados.
Diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental que blindan a la empresa frente a fiscalizaciones, certificaciones internacionales y exigencias de inversores.
El abogado que lidera tu caso, con enfoque estratégico y acompañamiento claro.
Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de Maestría en Derecho con mención en Derecho Civil y Derecho Comercial en la misma casa de estudios; con segunda especialidad en Derecho Tributario en la Universidad del Pacífico; Derecho Administrativo en la USMP; Diplomado en Crimen Organizado, con máster en Ciberdelincuencia en la Universidad de Rioja de España y con estudios concluidos de Doctorado en la UNMSM.
Con amplia experiencia en delitos de alta complejidad desde fiscal y judicial.
Abogada egresada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales en la misma casa de estudios y con estudios de Doctorado concluidos en la UNMSM. Especializada en delitos de criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y género. Con amplia experiencia en procesos judiciales de alta complejidad desarrollados en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (ex Sala Penal Nacional).
Abogada egresada de la Universidad Femenina-UNIFE, con estudios de Maestría en Derecho y amplia experiencia como Abogada Litigante en Procesos Civiles, Comerciales, Laborales y Penales.
Resuelve tus dudas con nuestros especialistas
Sí, y ocurre con más frecuencia de lo que se cree. OEFA puede imponer multas de hasta 30,000 UIT, pero lo más grave es que las infracciones ambientales graves —contaminación de ríos, suelos o ecosistemas frágiles— pueden ser derivadas al Ministerio Público para iniciar una investigación penal paralela. El Código Penal contempla penas de hasta 10 años para delitos ambientales vinculados a la actividad minera. El plazo para presentar descargos en el PAS es de solo 15 días hábiles: un equipo con abogados penalistas y especialistas en derecho minero actuando en paralelo desde el primer día puede marcar la diferencia entre una multa reducida y una acusación fiscal.
Es ambas cosas, y la segunda es la más grave. Operar sin certificación ambiental vigente en el sector minero no solo paraliza el proyecto y puede derivar en la cancelación de permisos ante SENACE y el MINEM: también puede configurar el delito de minería ilegal tipificado en el Decreto Legislativo N.° 1102, con penas que van desde los 4 hasta los 12 años de prisión para quienes toman las decisiones operativas. Un equipo que actúa rápido puede reencauzar el EIA observado, responder las observaciones técnicas y, al mismo tiempo, blindar penalmente a los directivos mientras se resuelve el trámite administrativo.
La distinción es crítica y pocos la conocen con precisión. La minería ilegal es la que opera sin cumplir los requisitos de formalización: en muchos casos, iniciar el proceso de regularización puede extinguir la responsabilidad penal. La minería ilícita, en cambio, implica vínculos con crimen organizado, financiamiento ilegal o lavado de activos: las penas son mucho más severas, no hay formalización posible y la fiscalía asigna equipos especializados en criminalidad organizada. Confundir ambas categorías en la estrategia de defensa puede llevar a un directivo a una situación sin retorno. Un estudio con experiencia en derecho minero y penal de alta complejidad puede identificar desde las primeras diligencias cuál es el escenario real y qué mecanismos procesales existen para cada uno.
OEFA puede imponer multas de hasta 30,000 UIT dependiendo de la gravedad, el daño causado y el tamaño del infractor. El plazo para presentar descargos en el PAS es de 15 días hábiles desde la notificación del acta de infracción, un plazo que se agota rápido. Un estudio con abogados ambientales y técnicos especializados puede construir una defensa sólida en ese tiempo y reducir significativamente la sanción o lograr su nulidad.
