Penal
¿CUÁL ES EL ESPÍRITU DEL JUEZ DE GARANTÍAS EN EL NCPP?
En principio debemos saber que el espíritu del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante NCPP-, es de corte adversarial y no inquisitivo como el Antiguo Código de Procedimientos Penales, en el que el juez era juez y parte.
El NCPP prevé un juez de garantías que tiene como función principal garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la persona, consagradas en nuestra Constitución Política del País y en los tratados internacionales cuando son vulnerados.
En ese sentido, nos consultan, si a propósito de la inseguridad del país y la lucha contra la criminalidad organizada, el juez de garantía debe permitir que el representante del Ministerio Público, por ejemplo, solicite un pedido de prisión preventiva sin respetar por ejemplo el debido proceso, o mejor aún, como es en mucho de los casos que se han televisado, el pretensor penal para que no se les escapen los presuntos delincuentes, realizan requerimientos a la volada, sin contar con una mínima imputación o los casos más comunes, que no se les notificó a las defensas con la kilométrica cantidad de tomos y se desea que se lleve la audiencia sí o sí. Pues en ese contexto, el juez de garantía está en la obligación de hacer respetar el debido procesa, el derecho de defensa, tutela jurisdiccional. No puede, en actitud paternalista tender la mano al Ministerio Público y en una situación de desventaja inclinar la balanza en el nombre de luchar contra la criminalidad organizada.
Así no nos guste, estas personas que se encuentran involucradas en dichas investigaciones, se encuentran premunidos del derecho a la presunción de inocencia, en consecuencia, hasta que no exista una sentencia firme que condene, no se pude afirmar ligeramente la comisión de un delito.
Por ello es importante, que, desde la trinchera del Ministerio Público así como del Poder Judicial, se encuentren dotados de profesionales que estén capacitados y que cada uno de ellos ejerza la función como corresponde y de esa forma no se malgaste tiempo y recursos del Estado de forma innecesaria.