LAVADO DE ACTIVOS: POR QUÉ UNA EMPRESA FORMAL PUEDE TERMINAR INVESTIGADA PENALMENTE
Iura Lex Abogados señala que el Perú tiene un crecimiento económico sostenido sin perjuicio de las alteraciones que puedan ocurrir en el ámbito político. La razón es que la economía peruana se sustenta en un porcentaje que bordea el 18% en una economía informal y la diferencia es controlada por el Estado, denominando a ello economía formal.
Lamentablemente, la ausencia de un marco legal normativo para combatir dicha informalidad genera que más del 70% de la contratación sea informal. Este fenómeno es un aliciente para incrementar una economía alimentada por actos delincuenciales como la extorsión, minería ilegal y defraudación tributaria.
¿Cómo puede una empresa formal verse involucrada en lavado de activos?
En ese contexto, el delito de lavado de activos se ha convertido en uno de los más recurrentes en el sector empresarial, no por su complejidad normativa, sino por su amplitud interpretativa. A diferencia de otros delitos económicos, este no exige necesariamente una intención directa de blanquear capitales ilícitos; basta con que la Fiscalía considere que el investigado «conocía o debía conocer» el origen ilegal de los fondos. Esta lógica coloca a muchas empresas formales en una situación de extrema vulnerabilidad penal.
¿Qué operaciones comerciales habituales son vigiladas por la Fiscalía?
Desde el enfoque normativo, el delito se configura al realizar actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia de dinero de origen ilícito. Sin embargo, en la práctica fiscal, estas categorías se aplican a operaciones comerciales habituales: pagos fraccionados, contratos con terceros sin sustento económico suficiente, operaciones internacionales complejas o reorganizaciones societarias mal documentadas. El empresario descubre tarde que una operación legítima, pero mal estructurada, puede ser leída penalmente ante una fiscalía especializada.
¿Cuáles son las consecuencias de una investigación por lavado de activos?
Iura Lex Abogados informa que el daño va mucho más allá de una eventual condena. Se afecta la reputación, la estabilidad emocional de la familia y el patrimonio de la empresa. El congelamiento de cuentas bancarias, la imposibilidad de pagar planillas y la ruptura con socios comerciales son parte de las consecuencias inmediatas cuando se formaliza la investigación.
En Iura Lex, la experiencia demuestra que el mayor error es asumir que la verdad económica se impondrá sola. La defensa debe construir técnicamente la licitud, integrando análisis penal, financiero y empresarial desde el primer momento. Por ello, trabajamos tanto en prevención como en defensa penal, trazando una estrategia que se anticipe al daño reputacional.
Ante operaciones complejas, una evaluación penal especializada puede evitar consecuencias irreversibles. Agenda tu consulta hoy.