Fraude Informático: ¿Cuándo una operación digital puede convertirse en delito?
Cada vez son más frecuentes las operaciones realizadas mediante aplicaciones bancarias, plataformas digitales y sistemas informáticos, situación que también ha generado nuevas formas de afectación patrimonial. En este contexto, una operación que aparentemente puede parecer legítima puede adquirir relevancia penal cuando detrás de ella existe una manipulación destinada a obtener un beneficio ilícito.
¿Qué conductas pueden configurar un fraude informático?
El artículo 8 de la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, sanciona el fraude informático cuando, deliberada e ilegítimamente, se procura un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante la manipulación o interferencia de un sistema informático, incluyendo conductas relacionadas con la alteración, supresión, clonación de datos o suplantación de interfaces o páginas web.
Sin embargo, no toda operación digital cuestionada constituye automáticamente fraude informático, pues será necesario determinar qué conducta realizó el investigado, de qué manera intervino el sistema y cuál fue la finalidad que buscaba alcanzar. En ese sentido, una irregularidad no puede confundirse, por sí sola, con una conducta que reúna todos los elementos exigidos por el tipo penal.
¿Por qué la evidencia digital es importante en estos casos?
La evidencia digital adquiere especial importancia en estas investigaciones, ya que registros de acceso, movimientos realizados en plataformas, comunicaciones, dispositivos electrónicos y otros elementos pueden contribuir a reconstruir cómo se ejecutó una operación y quién intervino en ella.
Por ello, frente a una imputación por fraude informático, resulta fundamental analizar la conducta concreta de cada investigado y evitar que una simple vinculación con un sistema o plataforma determine, por sí sola, su responsabilidad penal.
En Iura Lex Abogados entendemos que los delitos informáticos exigen una defensa capaz de integrar el análisis jurídico con la evidencia digital. Una estrategia penal especializada debe identificar qué ocurrió realmente, confrontar los hechos con los elementos del delito y garantizar que cualquier responsabilidad se determine sobre la base de pruebas y no de simples presunciones.